Hay algunos hitos de gestión que desde el peronismo esgrimen, para sostener que el gobernador Ricardo Quintela fue quién logró seducir al difícil electorado de los sectores medios, habitualmente esquivo para los hombres y mujeres del movimiento popular. En resumen, desde el oficialismo expresan coincidencias en estos aspectos positivos: la terapia intensiva del Fátima con ocupación cero, con un porcentaje de vacunación del 70% de la población; la recuperación del parque industrial y las fuentes de trabajo; la mayor inversión en obra pública per cápita del país; la recomposición salarial con características de amplia distribución, sumado al blanqueo y estabilidad laboral para cientos de trabajadores del Estado; la fuerte apuesta a la educación y las culturas; la recuperación y construcción de nuevos espacios públicos; la apuesta al desarrollo del comercio, el turismo y los servicios.
Luego de las Primarias Abiertas simultaneas y Obligatorias (PASO), los miembros de la alianza integrada por el radicalismo, el PRO más cercano a Mauricio Macri y algunos peronistas pichetistas, que gobiernan el municipio de la Capital, se dieron cuenta que ya no contaban con el apoyo electoral de un importante sector de la clase media.
La derrota en su principal distrito –Capital- desnudó el desgaste de la gestión municipal y tal vez evidenció un vacío de ideas y acciones. Esta vez la crítica obvia y coucheada para obtener adhesiones, que apunta permanente contra las formas, basada esencialmente en prejuicios y estigmatizaciones de la cultura hegemónica, no fue suficiente.
Es así que el oficialismo municipal realizó una arriesgada maniobra para buscar votos donde el peronismo es fuerte: en el sector de los trabajadores. Por eso la intendenta realizó nombramientos masivos de empleados municipales. Desde el oficialismo provincial, algunos atribuyen estos nombramientos a una acción pensada por asesores político-comunicacionales de Juntos por el Cambio a nivel nacional.
Una medida –explican- que intentaría disminuir la brecha electoral para las elecciones generales. El temor del radicalismo es que el peronismo se quede con las dos bancas nacionales en juego. En ese sentido varias consultoras aseguran que en La Rioja la lista oficialista sumaría algunos puntos más para noviembre y podría quedarse con ambos cargos legislativos.
El riesgo de una maniobra electoralista sin retorno
Pero: ¿por qué es arriesgada la maniobra de nombrar empleados a mansalva en el municipio sin respaldo provincial?
En principio porque el artículo 10° de la ley 9782 de Coparticipación Municipal dice: “la Función Ejecutiva –del Gobierno provincial- fijará la política en materia salarial para todo el territorio provincial y garantizará a los Municipios los recursos financieros para la atención del pago de haberes”.
Es decir que sin un arreglo previo y una imputación presupuestaria de la Provincia, ningún municipio puede tomar decisiones por sí mismo sobre aumentar salarios o ampliar su planta de empleados.
El artículo sigue ahondando en el tema y es aún más explícito; dice: “los valores referenciales de agentes establecidos, podrán incrementarse atendiendo a estrictas razones de servicios debidamente justificadas y previa autorización de la Función Ejecutiva”.
Como si fuera poco el artículo sigue reforzando la potestad de la Función Ejecutiva provincial en el tema: “los municipios se obligan a aplicar la política salarial que se adopte a nivel provincial y a observar las pautas, prohibiciones y excepciones que se establezcan al respecto”.
Es probable que en el municipio sepan que la decisión arbitraria y unilateral de realizar los nombramientos sin tener en cuenta la ley, podría acarrearle consecuencias a la intendenta.
Pero la jugada es eminentemente política, seguramente en ese ámbito hay que analizarla, y el radicalismo parece estar dispuesto a arriesgar todo para lograr meter un tema fuerte de agenda y debate en la campaña en la que viene desde atrás. Pero hay más que lo meramente electoral, también hay sospechas de desestabilización.
La gente en el medio
Algunos asesores cercanos al oficialismo Provincial observan expectantes los acontecimientos. Se preocupan de que, más allá de lo que puede pensarse como una maniobra electoral, el degaste en la gestión de la intendenta y su equipo haya ya derivado en una crisis institucional concebida por la propia autoridad. Una suerte de autogolpe, que desfinancia, desestabiliza y quiebra al municipio, con una medida insostenible desde el punto de vista financiero para las arcas comunales.
Habría que ver hasta que punto son conscientes en la municipalidad de esta situación de gravedad institucional que se está gestando. O si fue un impulso basado en la sensación de impotencia luego de las elecciones, o bien fue una maniobra orquestada por algunos, producto de disputas de poder internas.
Lo cierto es que ya hay cientos de familias involucradas en una situación delicada, que se suma a la crisis económica y la incertidumbre ocasionada por la pandemia, que puede tener impensadas consecuencias y derivaciones.
Además desde la Casa de Tejas abonaron las hipótesis con que “no hay ningún criterio” en los nombramientos, puesto que muchos de ellos no reúnen condiciones de antigüedad ni de trabajo previo en el municipio.
Sin embrago, los asesores coincidieron en la preocupación por la situación de estas familias y por la tensión que podrían producir estas medidas, que involucran un daño a “la buena fe y a la confianza de los trabajadores municipales”, argumentaron.
Salvar la curtiembre
El cierre de la curtiembre de Nonogasta sería un golpe durísimo para la economía de todo el departamento chilecito y la Provincia. Por eso el gobierno decidió meter los pies en el barro del conflicto generado por capitales privados y solucionarlo.
La semana anterior la Legislatura provincial había aprobado una ley enviada por Quintela para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los activos de la Curtiembre de Nonogasta.
La ley que no fue votada por la oposición con el argumento de que había que agregarle otros artículos, es “necesaria para este proceso de defensa del trabajo riojano” aseguró el propio Quintela, cuando le agradeció a la vicegobernadora Florencia López y a los diputados por el acompañamiento a la medida.
Finalmente esta semana llegó a la provincia Oscar Ghezzi y un equipo de trabajo que representan al grupo empresario que entre 90 y 120 días se hará cargo de la operatoria de la emblemática planta.
Más allá de todas las situaciones que quedan pendientes resolver sobre la curtiembre, como que la justicia tome medidas sobre los empresarios de CURTUME CBR S.A., que abandonaron la empresa y a los trabajadores. O que se comience a trabajar seriamente sobre el pasivo ambiental que ocasionó durante todos estos años la planta, no cabe duda que la respuesta rápida de reflejos del Gobierno Provincial, fue clave para evitar un daño mayor.
