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El gobierno de Joe Biden se propone cuantificar los costos del cambio climático y el daño ambiental

La pregunta que se hacen los especialistas es si una estadística puede ayudar a salvar el planeta. En qué consiste el nuevo indicador.

Cualquier empresa sensata tiene un estado de resultados que registra todos sus activos y pasivos. Los gobiernos no lo hacen. Cada vez son más los economistas que sostienen que el producto interno bruto (PIB), una cifra única que encausa una gran cantidad de políticas públicas, pero que solo contabiliza los flujos de ingresos, es demasiado limitado, sobre todo tratándose del medioambiente. No existe ninguna medida nacional que contabilice todos los costos económicos del agotamiento de los activos naturales de Estados Unidos.

El gobierno de Joe Biden quiere cambiar eso. El mes pasado, la Casa Blanca dio a conocer un plan de 15 años para una ambiciosa, aunque torpe, iniciativa medioambiental. Su Oficina de Política de Ciencia y Tecnología (OSTP, por su sigla en inglés) y una decena de otras agencias gubernamentales pretenden desarrollar cuentas de capital natural que registren los cambios en las reservas de recursos naturales de Estados Unidos y cuantifiquen las pérdidas. Con los nuevos datos, pretenden crear una estadística única, junto con el PIB, que evalúe la situación de los recursos del país.

Se espera contar con las primeras cifras el año próximo. Se supone que para 2036 se habrán convertido en estadísticas básicas. La esperanza es que los precios bien calculados pongan de manifiesto los sacrificios entre el crecimiento y la sustentabilidad, a fin de ayudar a los creadores de políticas públicas e inversionistas a no tomar decisiones que resulten dañinas.

No ha sido fácil calcular el Cambio en la Riqueza de los Activos Naturales, como se llamará el nuevo indicador. Primero, los científicos deben medir los cambios ecológicos, como la contaminación del agua (que suele contabilizarse en partes por millón de un contaminante concreto), la erosión del suelo (obtenida a partir de la cantidad de suelo perdido, por ejemplo) y la degradación de los humedales (la superficie reducida). A continuación, los economistas deben intentar determinar los precios.

Los datos parciales existentes sugieren que en años recientes los recursos naturales de Estados Unidos se han visto muy afectados. Según el Banco Mundial, que ha dado seguimiento a los cambios de alto nivel en el valor de algunos activos al medir los precios de mercado y la disponibilidad (así como los costos de extracción), entre 2010 y 2018 el valor de los bosques y manglares en Estados Unidos disminuyó un 10 por ciento. El de diez minerales —entre ellos el cobre y el hierro— disminuyó un 15 por ciento. Los apicultores han perdido una tercera parte de sus colonias anualmente desde 2006, según Bee Informed Partnership, un grupo sin fines de lucro, y las tasas de renovación no han logrado mantener la población de abejas estable.

Estos activos son importantes para la economía. Los manglares ofrecen protección contra los huracanes y los polinizadores son necesarios para cultivar uno de cada tres bocados de alimentos que consume la población. Fabricar autos eléctricos y turbinas eólicas con las tecnologías actuales sería imposible sin cobre.

Pero tampoco hay que dejar de lado el progreso. Nicholas Muller, economista, encontró que al descuidar las mejoras a la calidad del aire motivadas por la Ley de Aire Limpio, las estadísticas subestimaron el crecimiento del ingreso hasta en un 3 por ciento anual. Un aire más respirable significa que los trabajadores tendrán menos problemas de salud y podrán ser más productivos. Mejores medidas sobre cómo la naturaleza contribuye con la riqueza del país debería reforzar los argumentos económicos a favor de su conservación.

Desde la década de los setenta, los economistas medioambientales han estado modificando fórmulas para calcular el valor de los bienes naturales y los “servicios de los ecosistemas”; es decir, los beneficios que aporta la naturaleza. Algunos, como la madera, se comercializan en los mercados monetarios, lo cual permite a los investigadores establecer su valor como la cantidad de dólares que la gente paga por ellos.

En el caso de otros más complejos, como los ríos o las cordilleras, los economistas encuestan a las personas para sopesar qué tan dispuestas están a conservarlos o qué tan lejos viajarían para acceder a ellos. Los economistas ecológicos han impulsado el campo para tener en cuenta un conjunto más amplio de vínculos naturales. Por ejemplo, el hecho de que los humedales protejan los hábitats y medien en los climas locales, puede servir de base para una medida más completa.

Si el plan de Biden funciona como se espera, otros países harán lo mismo. “Todo el mundo está atento”, dice Pushpam Kumar, economista del Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente. En la actualidad, su agencia da seguimiento a las medidas generales del capital natural en 163 países. En 2021, el Tesoro británico publicó un estudio sobre la economía de la biodiversidad.

Australia tiene cuentas experimentales de capital natural y Canadá ha puesto a prueba un censo del medioambiente. Pero ningún país tiene un sistema nacional tan completo como el que propone el gobierno de Biden. Los economistas estadounidenses están encantados con la oportunidad de poner en práctica sus teorías. “Así es como debería funcionar una democracia basada en la ciencia”, dice Jon Erickson, de la Universidad de Vermont.

¿Esta vez será diferente?
El esfuerzo no es del todo nuevo. La Oficina de Análisis Económico, organismo encargado de calcular el PIB, ya intentó contabilizar el capital natural en 1992, pero los recortes presupuestarios interrumpieron la recopilación de datos tres años después. Bill Clinton presionó para que se incluyera la naturaleza en la definición de riqueza del país, pero los debates quedaron en el olvido cuando George W. Bush asumió el cargo en 2001.

Ahora que, veinte años después, los fenómenos meteorológicos extremos causan estragos, la ventana política se ha reabierto. Los satélites y la mayor potencia computacional facilitan ahora la recolección y el análisis de los datos. Pero la iniciativa sigue siendo precaria. Dado que la mayoría demócrata es demasiado débil para poner en marcha el proyecto en el Congreso, Biden recurrió a una orden ejecutiva. Si los vientos políticos cambian, el esfuerzo podría perderse de nuevo.

Eso sería una lástima. Eli Fenichel, director adjunto de la OSTP, que ayuda a organizar la iniciativa, cree que el cambio climático no habría llegado a ser la crisis actual si el costo de la externalidad del carbono se hubiera contabilizado desde el principio en las cuentas ambientales y económicas nacionales oficiales. “Sencillamente, es cuestión de una buena gobernanza”, dice.

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