La Argentina busca la confianza del Fondo Monetario Internacional en un capítulo clave dentro de las negociaciones por la nueva versión del acuerdo de Facilidades Extendidas.
El programa, suspendido desde fines de abril por el uso de dólares para contener la suba de la divisa en los mercados financieros, incluye la obligación (por ahora innegociable desde el organismo) de sostener un nivel de déficit fiscal de 1,9% del PBI para todo el año. Desde Washington se duda que ese porcentaje se cumpla y se exigen garantías sobre que el país está trabajando en el problema del aumento del desequilibrio primario entre ingresos y gastos.
Y en Buenos Aires se les trata de mostrar a los funcionarios que ven y escuchan desde las pantallas de las computadoras donde se negocia vía Zoom, que la meta está bajo control; que, pese a un primer cuatrimestre complicado, es posible hablar del cumplimiento del compromiso asumido; y que en el caso de que haya que discutir un nuevo porcentaje, no será por una distorsión fuera de lo manejable. Más bien, según fuentes negociadoras, “matices”.
Según los argumentos locales, el gasto público habría caído en abril un 11%, tendencia que se repetirá entre mayo y junio; con lo que la variable corregirá en el segundo trimestre el desequilibrio del primero. Para la segunda mitad de 2023, el equipo económico está mostrando su carta más alta para la reducción del gasto: la aplicación de la suspensión masiva de subsidios a las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua. El caballito de batalla de las presentaciones de los cuadros del Palacio de Hacienda son las reducciones en los montos que se destinaban hasta abril en cuanto a los subsidios de los sectores de mayores ingresos de la zona CABA y el conurbano bonaerense; asegurándose esto alcanzará para fin de año a una reducción no menor del gasto público de un punto porcentual. Como piso, y sin contar el gas y el servicio de agua potable.
FUENTE: Ámbito Financiero
