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Inflación, subsidios, planes sociales y sequía: los riesgos que expuso el FMI para el año electoral

El Fondo autorizó un nuevo desembolso de casi US$6000 millones, pero dejó una serie de advertencias sobre las metas del déficit fiscal y la acumulación de reservas en el 2023.

“Frágil”. Ese es el diagnóstico que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía argentina, tras aprobar formalmente la tercera revisión del acuerdo y autorizar el desembolso de casi US$6000 millones. En ese contexto, dejó una serie de advertencias para el 2023, año marcado por las elecciones presidenciales.

El programa con el FMI está estructurado sobre tres bases fundamentales: la reducción del déficit fiscal, la acumulación de reservas internacionales y la asistencia monetaria al Tesoro. Esos objetivos se mantendrán sin alteraciones durante el año próximo, por lo que, en su último informe, el organismo alentó las “políticas económicas más estrictas” que se adoptaron desde julio e insistió en la necesidad de cumplir con el plan trazado en los próximos meses.

Para la revisión de metas trimestrales medidas hasta septiembre, el FMI otorgó un waiver, o dispensa, por el incumplimiento que generó la implementación de “medidas de restricción cambiaria y prácticas de tipos de cambio múltiples”. Es por la aplicación del dólar soja que utilizó el Gobierno para cumplir con la meta de acumulación de US$5000 millones a las reservas del Banco Central (BCRA). Sobre este punto, el Fondo pidió que esas medidas fueran removidas cuando las condiciones lo permitan.

Pero a la hora de analizar las variables que marcarán el pulso de la economía, el organismo hizo referencia en primer lugar a la sostenida inflación. Si bien destacó que el nivel de precios “perdió impulso” desde julio, alertó que las presiones siguen siendo fuertes.

Así, sostuvo que las proyecciones del 60% del Presupuesto 2023 son “factibles” si es que se implementan políticas más rígidas, aunque admitió que existe un riesgo de inflación más alta, principalmente por la inercia e incertidumbre del escenario local.

El staff report del organismo señaló que para garantizar el cumplimiento del orden fiscal –que deberá retroceder del 2,5% previsto para 2022 al 1,9% en 2023- es necesaria la continuidad del esquema de quita de subsidios a las tarifas y la focalización del gasto social.

“Se han dado los primeros pasos para implementar la segmentación de subsidios a la energía, lo que impulsará la reducción del gasto en subsidios en 2023. Los usuarios residenciales de altos ingresos (que representan alrededor del 25% de todos los usuarios residenciales) y los usuarios comerciales ya han experimentado una reducción acumulada del 60% en sus subsidios de electricidad y gas durante octubre y noviembre. Los subsidios para este grupo residencial de altos ingresos y usuarios comerciales serán eliminados completamente para febrero de 2023″, indicó el escrito. Y manifestó que el ajuste previsto para el año que viene las asistencias energéticas representará un 0,5% del PBI.

En relación con el gasto social, el documento del FMI destacó la implementación de las auditorías que se están llevando adelante sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que se completará en enero de 2023.

“Ya se han eliminado 20.000 beneficiarios no habilitados y se esperan más reducciones durante el curso del próximo año. Se están desarrollando planes para limitar el beneficio de Potenciar Trabajo para aquellos que reciben otras transferencias del Gobierno y para alentar el reingreso al mercado laboral formal”, expresó el documento.

En contrapartida, el FMI también reconoció que la restricción del gasto o la aceleración de precios podrían encender el descontento social y debilitar el apoyo al programa. “Especialmente de cara a octubre de 2023″, cuando se desarrollen las elecciones presidenciales, puntualizó el documento.

Además, el FMI advirtió que los efectos de la sequía extrema, que ya diezmó la producción de trigo y complica a la soja y el maíz podrían agravar más el panorama:

“La intensificación de la actual sequía podría reducir las exportaciones agrícolas y las entradas de divisas, avivando la inflación y poniendo en peligro el programa”, cuya implementación, repitió el organismo de crédito, “sigue siendo un riesgo”.

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