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La Justicia confirmó que Juntos por el Cambio compró fiscales electorales en 2019

Se comprobó a través de un peritaje oficial que la mitad de las autoridades de mesa de Formosa habían cobrado un beneficio para desocupados de $5.000.

La Justicia comprobó casos de clientelismo macrista en la provincia de Formosa.

La Justicia confirmó que Juntos por el Cambio compró fiscales electorales en la provincia de Formosa para las elecciones presidenciales de 2019. Al menos la mitad de las autoridades de mesa habían cobrado un bono para desocupados que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó meses antes de los comicios.

El expediente investiga la utilización de la gestión macrista de la resolución 1177/2019 de la por entonces Secretaría de Empleo, que implementó el despliegue de 130 mil bonos de $5.000 orientados a desempleados, con un presupuesto de $650 millones. Sin embargo, jamás se anunció públicamente la puesta en marcha del programa, no se abrió registro alguno ni se publicó en el Boletín Oficial.

Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que más de la mitad de los ficales de JxC habrían cobrado el bono. Además, aseguraba que había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales.

Dos años después, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) corroboró que 243 fiscales oficialistas que participaron de la elección general, sobre 503 en total, cobraron el beneficio de $5.000. La proporción se eleva si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron en las PASO y en las generales.

Al momento de las primarias, el bono todavía estaba en etapa preparatoria y restaban dos meses para su instrumentación oficial. Sin embargo, peritos hallaron 140 fiscales como perceptores. Para las generales, en tanto, la jueza María Servini había prohibido que continuara su otorgamiento diez días antes por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista, tal cual sucedió.

Además, se debió reducir el análisis a 1.209 autoridades, ya que más de la mitad de los 2992 fiscales de JxC inscriptos presentaron documentos de identidad inválidos. Esto sugiere que el número de fiscales encontrados entre los beneficiarios podría ser mayor al expuesto en la pericia.

El informe también comprobó que el 95,7% de los 756 nombres aportados por el denunciante Caraballo habían cobrado los $5.000.

Por su parte, los peritos recomendaron al fiscal Ramiro González, quien instruye la causa por pedido de Servini, que procure identificar los números de DNI del 59% de los fiscales, debido a que con ese dato será posible efectuar el entrecruzamiento en su totalidad. Es decir, recomiendan nacionalizar la pericia para constatar si la maniobra se llevó a cabo en otros distritos.

La causa, que comenzó por una investigación de Ámbito, tiene como imputados a los exministros Dante Sica y Ricardo Buryale, al ex secretario de Empleo, Dante Prémoli, al intendente de San Antonio de Areco, Fracisco Ratto, y al excandidato a jefe comuncal de Roque Pérez, Juan María Cravero. Por la denuncia en Formosa, en tanto, fueron acusados el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrolla Social, Irina Zárate, el delegado de ANSES, Diego Herrera, y el concejal Miguel Montoya.

El fiscal González acotó por el momento la pesquisa a un análisis sobre una posible infracción de índole electoral, una carátula de menor gravedad que lo que representaría la utilización de fondos públicos para una maniobra de clientelismo.

FUENTE: C5N

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