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Salta: condenaron a un intendente por abrir un paso ilegal en la frontera con Bolivia

El intendente negó haber ordenado la obra que derivó en la apertura de una calle, la cual mandó a cerrar al día siguiente.

El intendente de la localidad salteña de Aguas Blancas, Sergio Gerardo Oliva, fue condenado a seis meses de prisión en suspenso y a un año de inhabilitación para el ejercicio de la función pública por abrir un paso ilegal en la frontera con Bolivia.

La condena, que fue dictada por el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio, lo apuntó como responsable por el delito de violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor por abrir con una máquina retroexcavadora una calle que conducía a la vera del rio Bermejo, en cercanías del puesto de control conocido como «ACI CHALANAS».

Gracias a las averiguaciones realizadas, se pudo constatar que la máquina retroexcavadora y su operador pertenecían a la Municipalidad de Pichanal. Además, el servicio había sido contratado por el intendente Oliva; y la apertura de la calle fue supervisada por otra persona del municipio de Aguas Blancas, que el maquinista no pudo identificar, aunque dijo que era un hombre «alto».

Las tareas habilitaron una calle, la cual corría de manera lateral al Puesto de Control, en el sector denominado «El Paltal», en el cual se habilitó un paso clandestino con acceso directo al territorio argentino, desde el embarcadero hasta el interior del pueblo.

Durante el interrogatorio, el funcionario aseguró no haber ordenado la obra que derivó en la apertura de la calle, la cual mandó a cerrar al día siguiente.

Pese a su defensa, durante la recepción de las declaraciones testimoniales, la fiscalía probó lo contrario y ordenó para el intendente la pena de un mes de prisión más inhabilitación por el doble de tiempo, teniendo en cuenta que el imputado carecía de antecedentes y el hecho que de manera inmediata hizo cesar el delito ordenando la clausura de la calle.

Pero el juez, apoyado en jurisprudencia citada, se apartó de aquella pena y le impuso una condena de 6 meses por el delito de violación de deberes de funcionario público.

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